Preguntas Frecuentes

Por ley corresponden 30 días naturales de vacaciones retribuidas por año trabajado, o la parte proporcional si el tiempo trabajado es menor. Las fechas se fijan de común acuerdo entre empresa y trabajador, debiendo conocerse con dos meses de antelación.

El plazo para impugnar un despido es de 20 días hábiles desde la fecha efectiva del despido. Este plazo es de caducidad, lo que significa que una vez transcurrido, se pierde el derecho a reclamar.

El SMI para 2024 se ha fijado en 1.134€ mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 15.876€ anuales. Este salario es el mínimo que debe percibir cualquier trabajador, independientemente de su sector o tipo de contrato.

El período de prueba varía según el tipo de contrato y categoría profesional. Para técnicos titulados no puede exceder de 6 meses, y para el resto de trabajadores, 2 meses. En empresas con menos de 25 trabajadores, el período para trabajadores no técnicos es de 3 meses.

La indemnización por despido improcedente es de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Para períodos anteriores a febrero de 2012, se calcula a 45 días por año con el límite de 42 mensualidades.

Los teletrabajadores tienen los mismos derechos que los presenciales, incluyendo: compensación de gastos, derecho a la desconexión digital, horario flexible, y medios adecuados proporcionados por la empresa. El acuerdo de teletrabajo debe ser voluntario y reversible.

Para acceder a la prestación por desempleo se requiere: haber cotizado al menos 360 días en los últimos 6 años, estar en situación legal de desempleo, inscribirse como demandante de empleo y mantener dicha inscripción durante la percepción de la prestación.

Debes comunicar la baja a la empresa en 24 horas y entregar el parte médico en los 3 días siguientes. La empresa continuará pagando tu salario los primeros días (según convenio), pasando después a cobrar la prestación por incapacidad temporal de la Seguridad Social.

Las principales medidas incluyen: reducción de jornada por cuidado de menores o familiares, excedencia por cuidado de hijos o familiares, adaptación de jornada para conciliación, y permisos por nacimiento y cuidado de menor. Cada medida tiene sus propios requisitos y duración.

Los principales permisos retribuidos incluyen: 15 días por matrimonio, 2-4 días por fallecimiento o enfermedad grave de familiar, 2 días por traslado de domicilio, y el tiempo indispensable para exámenes prenatales o técnicas de preparación al parto.

Para el arraigo social se requieren 3 años de permanencia continuada en España, carecer de antecedentes penales, contar con un contrato de trabajo de duración mínima de 1 año, y tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe de inserción social.

Para reagrupar familiares se requiere acreditar medios económicos suficientes: 150% IPREM para el primer familiar y 50% adicional por cada miembro extra. Además, se debe disponer de vivienda adecuada y seguro médico.

Los requisitos principales son: residencia legal y continuada (10 años general, 2 años para nacionales de países iberoamericanos), buena conducta cívica, suficiente integración en la sociedad española, y superar las pruebas DELE A2 y CCSE.

Las principales son: cuenta ajena inicial (1 año), cuenta propia, altamente cualificados (tarjeta azul UE), investigadores, y trabajadores transfronterizos. Cada tipo tiene requisitos específicos y puede tener diferentes duraciones y condiciones de renovación.

Los estudiantes pueden realizar actividades laborales compatibles con sus estudios, con autorización previa. El trabajo no puede exceder 30 horas semanales y debe ser compatible con los estudios. Los ingresos no pueden ser necesarios para su sustento.

Pueden acogerse los ciudadanos de la UE/EEE, sus familiares directos (incluso no comunitarios), y los familiares de españoles. Incluye cónyuge, pareja registrada, descendientes directos menores de 21 años o a cargo, y ascendientes directos a cargo.

Existen tres tipos principales: arraigo social (3 años de permanencia), arraigo laboral (2 años y relación laboral demostrable), y arraigo familiar (progenitor de menor español o hijo de padre/madre originariamente español). Cada tipo tiene requisitos específicos.

La renovación del NIE (TIE) debe solicitarse durante los 60 días anteriores a su caducidad. Se necesita pasaporte vigente, justificante de pago de tasas, fotos, empadronamiento y documentación que acredite que se mantienen las condiciones de la autorización anterior.

Requieren apostilla los documentos públicos extranjeros como: certificados de nacimiento, antecedentes penales, matrimonio y títulos académicos. La apostilla debe realizarse en el país emisor del documento. Para países no firmantes del Convenio de La Haya, se requiere legalización diplomática.

Tras 3 años como estudiante, puedes solicitar la modificación a autorización de residencia y trabajo si tienes una oferta laboral, no has disfrutado de becas del país de origen y cumples los requisitos generales. No es necesario considerar la situación nacional de empleo.

Para inscribir un nacimiento se necesita: parte médico de nacimiento original, DNI de los padres, libro de familia si existe matrimonio previo, y en caso de padres extranjeros, documentación que acredite su identidad. La inscripción debe realizarse en los 20 días siguientes al nacimiento.

El permiso se solicita a través de la Seguridad Social, presentando el libro de familia o certificado de nacimiento, DNI y certificado de empresa. Actualmente es de 16 semanas para ambos progenitores, siendo las 6 primeras semanas obligatorias y simultáneas tras el nacimiento.

Las familias numerosas tienen derecho a beneficios como: descuentos en transporte, educación y actividades culturales, bonificaciones en seguridad social, deducciones fiscales, y ayudas para vivienda. El título se solicita en los servicios sociales de cada Comunidad Autónoma.

El divorcio de mutuo acuerdo requiere: demanda conjunta, convenio regulador firmado por ambos cónyuges, certificado de matrimonio, certificados de nacimiento de los hijos si los hay, y documentación económica relevante. Puede tramitarse ante notario si no hay hijos menores.

La custodia compartida implica que ambos progenitores se alternan en el cuidado de los hijos. Se puede acordar de mutuo acuerdo o por decisión judicial, considerando siempre el interés superior del menor. Requiere un plan de parentalidad detallado sobre tiempos, gastos y decisiones importantes.

La pensión de alimentos se calcula considerando las necesidades de los hijos (educación, alimentación, vestido, ocio) y los recursos de ambos progenitores. No existe una fórmula fija, pero debe garantizar un nivel de vida similar al que tenían antes de la separación.

El régimen de visitas determina cómo el progenitor no custodio se relacionará con sus hijos. Puede establecerse de mutuo acuerdo o por decisión judicial, incluyendo fines de semana alternos, vacaciones y comunicación regular. Debe adaptarse a las circunstancias de cada familia.

Para modificar medidas de divorcio (custodia, pensión, visitas) debe acreditarse un cambio sustancial de circunstancias. Se presenta una demanda de modificación de medidas, aportando pruebas del cambio (ingresos, horarios, domicilio) y su impacto en la situación familiar.

Los abuelos tienen derecho a relacionarse con sus nietos, salvo que exista justa causa que lo impida. Pueden solicitar judicialmente un régimen de visitas, especialmente en casos de fallecimiento del progenitor o ruptura familiar. Este derecho busca mantener los vínculos afectivos.

La adopción nacional requiere: certificado de idoneidad, solicitud ante la administración competente, período de formación, valoración psicosocial, y espera de asignación. El proceso puede durar varios años y requiere seguimiento posterior. Los adoptantes deben tener más de 25 años y 14 años más que el adoptado.